
Durante la celebración de un encuentro de la Red de Municipios en Transición Justa
Madrid, 8 de julio de 2026.- La Federación Española de Municipios y Provincias ha incidido hoy en que los grandes retos a los que se enfrentan los municipios (transición ecológica, transformación energética, reto demográfico o adaptación al cambio climático, entre otros) son también una oportunidad para construir territorios “más resilientes, sostenibles, competitivos y, sobre todo, habitables”.
Así lo ha indicado el secretario general, Luis Martínez-Sicluna, quien ha valorado la capacidad de adaptación de los municipios en transición “para convertir las dificultades en oportunidades, apostando por la innovación, la diversificación económica y el aprovechamiento de sus fortalezas”.
Ha sido en el transcurso de una jornada dedicada a los municipios en transición, en la que representante de entidades locales han compartido experiencias y analizado los desafíos comunes para fortalecer la cooperación y el trabajo coordinado con el fin de impulsar una transición justa, equilibrada y adaptada a las características de cada territorio.
En su exposición, Martínez-Sicluna ha recordado que la transición debe ser un proceso global, que contemple transformar infraestructuras o desarrollar nuevos proyectos, pero que también contribuya a “fortalecer el tejido social, generar empleo de calidad, atraer talento, ofrecer oportunidades a la población joven y garantizar la cohesión territorial y social”. Asimismo, ha otorgado un papel protagonista a los gobiernos locales, “actores imprescindibles”, en cualquier proceso de transformación, al ser la administración mas cercana a la ciudadanía.
Así, Martínez-Sicluna ha destacado la necesidad de reforzar el papel de los gobiernos locales en el diseño y desarrollo de las políticas de transición justa, reclamando una mayor participación de los ayuntamientos desde el inicio de los procesos de toma de decisiones, porque disponen de un conocimiento directo de las necesidades, oportunidades y dificultades de sus territorios. A este respecto, ha recalcado que “una política que pretende transformar la vida de un municipio difícilmente puede acertar si no escucha a quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo”.
La jornada de hoy ha servido de espacio de cooperación y difusión de buenas prácticas entre municipios comprometidos con un modelo de desarrollo más sostenible, innovador e inclusivo. Asimismo, ha dedicado parte del tiempo a abordar el desarrollo de la aplicación del Fondo de Transición Justa en diferentes comunicades autónomas.
En este contexto, desde FEMP se insiste en la importancia de evaluar con rigor el impacto de este instrumento, así como otros convenios de transición justa y del Plan de Recuperación, poniendo el foco no solo en el volumen de los fondos comprometidos, sino en el grado de ejecución, el empleo generado y la inversión privada que moviliza, entre otros indicadores.
Asimismo, durante la jornada, Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias (Asturias) y Mario Rivas, alcalde de Villablino (León), presidenta y vicepresidente de la Red de Municipios en Transición Justa, respectivamente, han participado en la jornada para analizar el seguimiento de las de principales actuaciones impulsadas en los territorios. Además, también ha intervenido Ana Luisa Durán, presidenta de la Asociación Europea de Comarcas Mineras (Euracom).
Para finalizar, las entidades locales integradas en la Red de Municipios en Transición Justa han elaborado un texto que será remitido a la Junta de Gobierno de la FEMP para su aprobación, en el que reafirma su compromiso con una transición energética ordenada, sostenible y socialmente responsable, que apueste por el desarrollo económico, la creación de empleo y la cohesión territorial.En el documento, los firmantes solicitan que la Transición Justa sea considerada una auténtica política de Estado, con estabilidad, financiación suficiente y continuidad institucional, al tiempo que reclaman el cumplimiento de las inversiones y compromisos adquiridos por entidades públicas y privadas en materia de empleo y desarrollo industrial.
La declaración consideraría prioritario reforzar las infraestructuras, atraer nuevas inversiones, promover la formación, la innovación y la colaboración entre administraciones, universidades y empresas, así como simplificar la tramitación de proyectos estratégicos, garantizando la protección ambiental y la seguridad jurídica.
Asimismo, el texto recoge la voluntad de cooperación del municipalismo con todas las administraciones públicas, el tejido empresarial y la sociedad civil para construir un futuro basado en la innovación, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la reindustrialización de las comarcas que durante décadas sostuvieron el sistema energético nacional.
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