
El presidente de la Comisión de Diputaciones y Cabildos Insulares de la FEMP y de la Diputación de Málaga ha participado en un foro empresarial en Madrid
Madrid, 16 de junio de 2026.- El presidente de la Comisión de Diputaciones y Cabildos Insulares de la FEMP y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha participado esta mañana en un foro empresarial organizado por la plataforma Executive Forum España, en el que ha resaltado la contribución de las entidades locales al desarrollo de los municipios, en el sentido de que son las administraciones más cercanas para resolver los problemas de los ciudadanos.
En este contexto, ha destacado que diputaciones provinciales y ayuntamientos constituyen “la parte más empática de la administración” que en muchas ocasiones asumen servicios y necesidades que no atienden ni el Gobierno central ni los autonómicos.
Durante su exposición, Salado ha defendido la necesidad de reforzar el papel de los gobiernos locales, para que dejen de ser “los grandes olvidados en cualquier reforma de financiación”, y darles el protagonismo que merecen al ser “claves en la articulación y el equilibrio territorial”.
El encuentro ha servido también para que el presidente de la Diputación de Málaga haga balance de su gestión al frente de la provincia y presente los grandes potenciales económicos sociales y culturales de la región. Además, Salado ha expuesto los desafíos a los que se enfrenta Málaga tras años en los que su desarrollo económico y demográfico ha superado la mejora de las infraestructuras estratégicas. En este sentido, ha recordado que la diputación ayuda a los municipios a realizar inversiones, pero que no puede sustituir las actuaciones de gran escala que requiere la provincia, reivindicado una mayor inversión del Gobierno de España.
Vivienda, un problema de Estado
Asimismo, Franciso Salado ha advertido de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas económicos y sociales del país, y como tal debe tratarse como un “problema de Estado”. Por ello, ha solicitado mayor implicación de las administraciones públicas para incrementar la oferta y reducir los precios, destinando recursos públicos a la construcción de vivienda y articulando ventajas fiscales para dar seguridad política al régimen del alquiler.
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