La FEMP pide un marco estable que permita a los ayuntamientos “decidir cuándo y en qué” invierten su superávit

Madrid, 5 de marzo de 2026.- La FEMP ha remitido varias propuestas de enmienda, aprobadas por unanimidad por su Junta de Gobierno y por la Comisión de Haciendas Locales, a un proyecto de ley en tramitación con el objetivo de asegurar un marco estable que permita a las entidades locales reinvertir su superávit con mayor seguridad jurídica.

Entre las medidas planteadas figuran la prórroga indefinida del destino del superávit, la habilitación temprana para su aplicación si no hay Presupuestos Generales del Estado, la posibilidad de inversiones financieramente sostenibles con carácter plurianual y la actualización de las entregas a cuenta antes del 31 de marzo de 2026.

En este contexto, José María García Urbano, alcalde de Estepona y presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, ha defendido que las enmiendas responden a una idea central: que “el dinero que los ayuntamientos tenemos lo utilicemos nosotros” y que sean los gobiernos locales quienes decidan “cuándo y en qué se invierte”. Ha señalado que, si en un ejercicio se ha ingresado más de lo previsto o se ha gastado menos y existe superávit, “tiene todo el sentido que ese dinero pueda emplearse en los ejercicios siguientes como queramos y cuando queramos”, sin estar pendientes de una autorización del Gobierno.

García Urbano ha explicado que, hasta ahora, la habilitación para utilizar ese superávit ha dependido de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que obliga a los ayuntamientos a moverse en “una incertidumbre constante” cuando no se aprueban. Por ello, ha detallado, la FEMP reclama un marco normativo plurianual que permita usar el superávit en los años sucesivos con libertad de destino, sin necesidad de autorizaciones anuales.

Vivienda prioritaria

García Urbano ha subrayado que la demanda social más importante es la vivienda -para jóvenes, familias monoparentales y familias con menos recursos- y ha defendido que los ayuntamientos puedan orientar sus ahorros a esa necesidad. Ha añadido que esa flexibilidad también es clave para responder a necesidades sobrevenidas y ha advertido de que, ante una eventual regularización masiva de inmigrantes que obligue a reforzar la atención social y pueda tensionar los servicios municipales, “vamos a necesitar unos esfuerzos presupuestarios”, por lo que “no tiene ningún sentido” que, teniendo dinero en el banco, no pueda utilizarse.

Por último, García Urbano ha vinculado estas propuestas a la autonomía local y a la necesidad de un marco estable que aporte seguridad jurídica. Ha recalcado que los ayuntamientos han estado “en la primera línea” cuando ha habido necesidad -en el accidente de Adamuz, en el episodio de la dana de hace un par de años y durante la COVID- y ha insistido en que, si se les exige esa respuesta, “deben disponer de autonomía funcional y financiera”.

Plazos y cuentas

Por su parte, Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida y vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, ha destacado que el acuerdo de proponer estas enmiendas ha sido “de todos los grupos políticos, por unanimidad, tras un trabajo previo muy importante para llegar al consenso”.

Rodríguez Osuna ha explicado que las propuestas de enmienda plantean que, una vez liquidado el presupuesto, el superávit de 2025 pueda incorporarse al presupuesto de 2026 como crédito adicional. La FEMP, ha añadido, propone que ese crédito pueda ejecutarse no solo hasta el 31 de diciembre de 2026, sino también durante todo 2027. Esto, ha asegurado, “supondría muchísimo” para los ayuntamientos, al permitir ejecutar obras de interés y activar servicios prioritarios con un “dinero extraordinario” fruto del ahorro y de la buena gestión municipal.

En cuanto al destino, Rodríguez Osuna ha señalado que, junto a actuaciones municipales habituales, “también se puede gastar en políticas de vivienda”, por ejemplo, urbanizando suelos dotacionales públicos para abaratar costes y facilitar oferta pública en ciudades con mercados tensionados.

Igualmente, ha defendido que las enmiendas incluyan una “excepcionalidad” para que los municipios que, por su situación financiera, no cumplen algunos requisitos de la normativa de estabilidad presupuestaria -como los plazos de pago a proveedores o determinados límites de deuda- puedan también incorporar sus remanentes. “Lo que no tiene sentido es que un ayuntamiento que ya por sí tiene limitaciones por su situación económica y por su vulnerabilidad no pueda incorporar el remanente del ejercicio anterior”, ha señalado.En su opinión, esos remanentes, lejos de agravar la situación, “van a ayudar también a mejorar la situación económica” de esos municipios.

Finalmente, ha subrayado la urgencia de actualizar las entregas a cuenta de 2026 antes de finales de marzo para que los ayuntamientos puedan ajustar los presupuestos ya aprobados o elaborar los pendientes con mayor precisión.