Colaboración para impulsar el cumplimiento normativo, la cultura ética y el buen gobierno en el ámbito local
La FEMP y la Asociación Española de Compliance suscriben un acuerdo marco.
Madrid, 4 de mayo de 2026.- El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el presidente de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), José Francisco Zamarriego, han firmado esta mañana un acuerdo marco de colaboración con el que se busca promover en el ámbito de las entidades locales el cumplimiento normativo, la integridad institucional, la cultura ética y el buen gobierno local.
Para ello, las dos organizaciones impulsarán un espacio colaborativo y de mutuo aprovechamiento que se plasmará en acciones conjuntas, intercambio de conocimiento y apoyo técnico para fortalecer la cultura del cumplimiento normativo en el sector público local.
Los principales objetivos, detallados en el acuerdo, son el impulso de proyectos , estudios o herramientas de interés para las entidades locales en materia de cumplimiento normativo e integridad territorial; la promoción de acciones formativas, divulgativas y de transferencia del conocimiento y buen gobierno; facilitar la participación de ASCOM en grupos técnicos o espacios de trabajo de la FEMP vinculados a estas materias; y, finalmente, favorecer la coordinación institucional y la difusión de buenas prácticas.
Tras el acto de la firma, el secretario general de la FEMP ha señalado que este acuerdo viene a ofrecer conocimiento experto en este ámbito y, con ello, “a dar respuesta a cuestiones tan relevantes como las responsabilidades de los empleados públicos y de los cargos electos locales en lo que afecta al cumplimiento normativo”.
Por su parte, José Francisco Zamarriego, ha destacado el alcance de la colaboración, ya que “el sector público en España representa en su conjunto la mitad de la economía nacional”. Además ha subrayado que este acuerdo entre ambas organizaciones y la integración del compliance dentro de la administración local “supondrá un impacto de vital importancia en la vida de los ciudadanos”.
El acuerdo alcanzado tiene una duración de cuatro años.
