La FEMP por unanimidad reclama al Gobierno soluciones a las necesidades financieras de los ayuntamientos
Madrid, 9 de octubre de 2025.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado al Gobierno, a través de dos cartas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la necesidad urgente de dar respuesta a los principales asuntos que afectan a los ayuntamientos. Las dos cartas, firmadas por todos los grupos políticos con representación en su junta de portavoces, incluyen un texto acordado por unanimidad en la reunión celebrada en Fuenlabrada el pasado 30 de septiembre.
En las misivas, la federación reclama avances inmediatos en cuestiones esenciales como la definición de los objetivos de estabilidad presupuestaria, techo de gasto y deuda para 2026; la comunicación de las entregas a cuenta y la liquidación de la Participación en los Tributos del Estado (PTE); la prórroga de la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para reinvertir superávits y destinarlos a inversiones sostenibles, políticas de empleo y al fortalecimiento del Estado del Bienestar; la flexibilización de la regla de gasto; y la actualización de los coeficientes del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) para 2026.
En la carta, se subraya que “la ausencia de estas medidas está generando incertidumbre y perjuicios significativos a los municipios y provincias”. Asimismo, para la FEMP es “imprescindible iniciar sin más dilación la reforma del sistema de financiación de las entidades locales”, por lo que considera esencial “abrir un proceso de diálogo estable y constructivo que permita avanzar en una propuesta consensuada y en paralelo con la reforma de la financiación autonómica”.
En este contexto, la carta solicita la convocatoria urgente de una sesión ordinaria del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), como cauce institucional para dar respuesta conjunta y efectiva a estas reivindicaciones.