La FEMP pide al Gobierno que ponga orden en la aplicación de la tasa de basuras, amplíe el plazo para su entrada en vigor y respete la autonomía local

21 de octubre de 2024.- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha pedido al Gobierno de España que establezca un criterio común y facilite que los ayuntamientos puedan aplicar de manera ordenada la tasa de basuras que el Ejecutivo ha impuesto a partir de una ley. Según ha destacado en una entrevista en Onda Cero, es una ley del Gobierno la que obliga a los ayuntamientos a la imposición de esta tasa, saltándose el principio de autonomía local, “algo que ya advirtió esta federación desde que se tuvo constancia de esta intención por parte del Gobierno”.
Según García-Pelayo, no era necesario imponer esta tasa “de aplicación tan dispar en unos y otros municipios” para que los ciudadanos, muchos de los cuales ya “no pueden más” por su situación económica, estén dispuestos a reciclar y separar residuos, como vienen haciendo desde hace tiempo.
En este sentido, ha manifestado que los consistorios comparten los objetivos de la directiva europea en materia de Medio Ambiente y encaminan sus decisiones a cumplirlos, pero mantiene sus dudas respecto al cobro de una tasa.
Por todas estas razones, como presidenta de la FEMP, ha incidido en que es preciso poner orden en la aplicación de esta tasa, ampliar el plazo de su entrada en vigor y, de manera prioritaria, escuchar las reivindicaciones de las entidades en materia de financiación local; por todo ello hace meses que reclama una reunión ordinaria del pleno de la Comisión Nacional de Administración Local.
García-Pelayo ha hecho hincapié en que prácticamente todos los ayuntamientos tienen establecida una tasa de basuras o de residuos, con lo que “no era necesario implementar otra”. A la hora de establecer las ordenanzas para el próximo ejercicio, se están tomando decisiones muy dispares, porque también son muy diversos los puntos de partida de cada municipio. De esta forma, un ciudadano pagará más o menos dependiendo de la ciudad donde esté empadronado. Por eso, ha incidido en que es preciso establecer criterios lógicos en torno a una tasa “caótica que, como no cambien las cosas, terminará judicializándose”, ha concluido.