Abel Caballero alerta de la “catástrofe” para las prestaciones sociales que supondrá la entrada en vigor de la reforma local

Reunión de la Junta de Gobierno. 27/10/2015

La LRSAL, recurrida en el Constitucional, supondrá para millones de personas perder la atención social que reciben de sus Ayuntamientos. La norma reduce las competencias en esta materia y, por ello, la FEMP ha pedido una moratoria de su entrada en vigor y la posterior derogación de la misma. El Presidente de la FEMP ha anunciado la apertura de una oficina física para coordinar desde la Federación la ayuda a los refugiados que ofrecen los municipios. La FEMP pedirá al Gobierno participar en la determinación del sistema de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por los municipios

“Será una catástrofe si el próximo 1 de enero los municipios no podemos seguir aplicando políticas sociales, se va a producir un caos en este país, porque millones de personas quedarán sin atención social. Es de una gravedad extrema”. Así lo ha manifestado el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, tras la Junta de Gobierno de la Federación, la primera que se celebra después del XI Pleno, que tuvo lugar en septiembre pasado.

Caballero ha subrayado que el primer día del próximo año entra en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), una reforma el régimen local en cuyo marco “los Ayuntamientos perdemos las competencias en política social”, con consecuencias dramáticas porque “este país se va a encontrar con que la atención que los Ayuntamientos damos a las personas que lo necesitan se caerá inmediatamente”.

Según ha detallado, actuaciones como la aplicación de la ley de dependencia, la apertura de escuelas infantiles, los comedores sociales, la atención a las víctimas de violencia de género, las becas de comedor, las políticas de infancia o la atención domiciliaria y la teleasistencia dejarán de ser aplicadas.

Por ello, ha insistido en urgir al Gobierno de la Nación a que aplique una moratoria que aplace la entrada en vigor de la LRSAL y, posteriormente “vamos a exigir que se derogue la ley”. Caballero ha recordado que la Ley se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional a iniciativa de un grupo muy numeroso de Alcaldes.

Financiación

El Presidente ha insistido en que “éstos han de ser los de la revolución del municipalismo en España. Queremos que en estos cuatro años el municipalismo establezca sus pautas de autonomía, de financiación y de seguridad en sus competencias después de más de tres décadas de municipalismo y democracia en España,”

Por ello, ha dicho, “necesitamos los recursos económicos para dar servicios a los ciudadanos. Ese es nuestro objetivo. No queremos continuar con esa precariedad financiera.” Y en este sentido ha señalado que “si en 2016 se inicia el proceso de revisión de la financiación autonómica, vamos a reclamar estar presentes para que se inicie también el proceso de estudio de la financiación local, porque la demanda de acciones por parte de los ciudadanos es cada vez mayor en el Siglo XXI”, ha asegurado.

Además, se ha referido a la liquidación de los Presupuestos municipales de 2014, asegurando que la FEMP pedirá al Gobierno que, en caso de que dichas liquidaciones sean negativas, se abra un periodo de 10 ó 20 años para proceder a su devolución.

Y también ha incidido en el cálculo del coste efectivo, previsto igualmente en la LRSAL, en relación al cual ha indicado que la FEMP quiere saber cómo va a calcularse “porque no sabemos cómo va a hacerse”, y va afectar a los servicios que prestamos”. Por eso no queremos que se calcule mediante un sistema que no compartamos, porque son precisos criterios objetivos al respecto.

Atención a los Refugiados

La FEMP abrirá una Oficina física de Atención a los Refugiados, “no sólo la Oficina Virtual porque queremos que se sepa de nuestra vocación de la FEMP de dar toda la atención precisa. Es un tema de la mayor envergadura”.

Anunció que la puesta en marcha de esta Oficina y el trabajo con este colectivo, se realizará desde la lealtad con el Gobierno de España, que ha de dirigir el proceso, y con las CCAA.