La FEMP pide normas que aseguren suministro en situaciones de pobreza energética
Juan Ávila: “El servicio debe ser un derecho de todos los ciudadanos; le corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias”
Madrid, 29 de marzo de 2017. “Desde la legitimidad que tenemos los Ayuntamientos, que estamos asumiendo los costes para que ninguna familia española se quede sin suministro energético, insistimos en la necesidad de que el Gobierno adopte las medidas legislativas que garanticen a todas las personas en situación de vulnerabilidad una cantidad mínima de energía y los mecanismos para cubrir sus costes”.
Así lo manifestó el Secretario General de la FEMP, Juan Ávila, durante su intervención en la jornada sobre “Medidas para la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica”, celebrada hoy en el Defensor del Pueblo. “Los Alcaldes y Alcaldesas consideran unánimemente que no se puede dejar sin suministro a ninguna familia, y corresponde al Estado garantizarlo”, ha añadido.
Ávila ha señalado que todos los Alcaldes españoles están orgullosos de atender estas necesidades, pero ha recordado que “hay Ayuntamientos pequeños que no se encuentran en situación financiera para poder hacerlo”. También recalcó que las competencias en esta materia corresponden a las CCAA, pero aun así “muchas de ellas las asumimos nosotros, porque los ciudadanos esperan que sea su Administración más cercana quien le solucione el problema”.
El Secretario General de la FEMP, que se mostró expectante ante la promesa del Gobierno de afrontar la pobreza energética a través de un Real Decreto, recordó el papel esencial que en este proceso desempeñan los servicios sociales de los Ayuntamientos. “Son los que tienen todos los datos de la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros energéticos para mantener unas condiciones de vida dignas”, afirmó.
Juan Ávila aseguró que a la FEMP no le gusta el concepto “vulnerabilidad” utilizado habitualmente en esta problemática, a la vez que matizó que los Alcaldes prefieren que se defina como un derecho el que no pueda cortarse el servicio energético a nadie en esas circunstancias y que sea el Estado quien lo garantice. “Debe hacerse cuanto antes un planteamiento estructural y no ir cubriendo el problema con parches como hasta ahora”, aseguró.
