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“Ayuntamientos y Diputaciones queremos ser quienes gastemos nuestro superávit, no regalárselo a otras Administraciones”

Abel Caballero ha anunciado que esta será una de sus primeras demandas al nuevo Gobierno

“Ayuntamientos y Diputaciones queremos ser los que gastemos nuestro propio superávit, y no queremos que se transfiera por la vía del hecho a permitir gastos, o cubrir déficit, de Comunidades Autónomas, de Seguridad Social ni del Gobierno de España”. Asi lo ha manifestado Abel Caballero, Presidente de la FEMP, tras la Junta de Gobierno que la Federación ha celebrado esta mañana.

Se trata de 4.500 millones de euros, el 0,45% del PIB español, ha asegurado, “y en la Junta de Gobierno de la FEMP hemos coincidido todos en que los Ayuntamientos y Diputaciones queremos gastarlos en nuestras propias competencias, en políticas sociales que practicamos, en políticas de empleo, en prestación de servicios, apoyos al transporte público y tantas y tantas acciones de política que llevamos desde los Ayuntamientos”.

Abel Caballero ha dicho que esta será una de las primeras demandas que se van a plantear al nuevo Gobierno de España, como ya se ha venido haciendo con el Gobierno en funciones; se trata, ha explicado, de articular un sistema “que nos permita ejecutar el ahorro de presupuestos que tuvimos en 2016”.

Techo de gasto

“Somos la Administración que mejor cumple con los requisitos de Europa, y vemos que, sin embargo, con nosotros se plantea una rigurosidad que no se aplica a otras Administraciones”. Este es el motivo por el que en la agenda de demandas al nuevo Gobierno se va a incluir que “que se permita a los Ayuntamientos una posición sobre el techo de gasto acorde con las circunstancias de buena gestión que estamos teniendo”, explicó el Presidente.

Y añadió que el sistema actual de techo de gasto significa una disminución continua de los recursos que los Ayuntamientos pueden ejecutar. Por eso, “vamos a reclamar que se articule una forma distinta de observar el techo de gasto”.

Asignatura pendiente de la democracia española

El próximo Gobierno de España también tendrá que atender la financiación de los Gobiernos Locales, cuestión a la que Caballero se refirió como “la asignatura pendiente de la democracia española”. “Y esta vez -subrayó- queremos estar en la negociación de la financiación al mismo tiempo, conjuntamente o en todo caso, en paralelo, con las Comunidades Autónomas. No queremos que se tomen decisiones sobre los Presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas, mientras nosotros quedamos como algo residual”.

Anunció que ya se ha constituido un grupo de trabajo y que, tan pronto haya un nuevo  Ministerio de Hacienda, empezará a trabajar con la financiación local. “Queremos que los siguientes 2,3 ó 4 años sean de grandes reformas de las Corporaciones Locales”.

Devolución de 78 millones por el ‘céntimo sanitario’

Por otro lado, hoy se ha dado a conocer durante la Junta de Gobierno de la FEMP la próxima devolución a los municipios españoles de un total de 78 millones de euros. Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha remitido a la Federación una carta en la que Hacienda ha reconocido su error en el cobro del porcentaje del céntimo sanitario a los municipios y, en consecuencia, ha anunciado que procederá a retornar a los Consistorios esta cifra.

Derogación de la LRSAL

Finalmente, Abel Caballero se ha referido también a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) anunciando, en nombre del grupo mayoritario en el Gobierno de la FEMP y en consonancia con la resolución aprobada en un XI Pleno de la FEMP, celebrado hace poco más de un año, que se planteará al Parlamento y al Gobierno de España la derogación de esta norma: “Se trata de una ley calamitosa, la más dañina para el municipalismo que se hizo en la democracia, y la queremos derogada”. Caballero ha recordado que no es la primera vez que se realiza esta petición, y que parte de la LRSAL ya ha quedado derogada por el Tribunal Constitucional, “queremos una nueva Ley pactada con los Ayuntamientos, Diputaciones y Grupos políticos. Queremos una ley estable”.

 

 

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