Este Proyecto ha consistido en la ordenación de los usos turístico-recreativos que se dan en una serie de espacios, con vistas a la compatibilización de los mismos con la conservación de los valores que dieron lugar a su declaración como espacios protegidos. Para ello, se ha dado paso a una política de gestión pasiva a una activa, con protagonismo especial de las entidades locales en las que se asientan los espacios protegidos. La política activa se ha aplicado, básicamente, a la ordenación del uso público, por ser ésta la que suponía los mayores problemas para las entidades locales y, a la vez, la que más posibilidades de intervención tenía para la población local en forma de generación de rentas y empleo.

La creación de diversas infraestructuras de acogida e interpretación, la contratación de personal local de colectivos de difícil empleabilidad en el medio rural y el establecimiento de un sistema de gestión unificado, son los tres pilares de la actuación.