Se aprobó el 29 de abril de 2008 por la Comisión Ejecutiva de la FEMP, para dar respuesta a la demanda generalizada de los municipios españoles de disponer de una herramienta de carácter normativo que facilite la gestión rápida y con todas las garantías -técnicas, jurídicas, medioambientales y sanitarias-, del despliegue de antenas de telefonía móvil en su término municipal. Trata, fundamentalmente, aspectos urbanísticos, da por resuelta en otra instancia la cuestión de las emisiones (Estado/CCAA) y respeta la ya numerosa jurisprudencia sobre el marco en el que debe desarrollarse la competencia municipal para estas instalaciones